En el corazón de la Ciudad de México, una oleada de preocupación y temor ha envuelto a los empresarios que han participado en licitaciones públicas. Los denunciantes, quienes prefieren mantener su identidad oculta, aseguran que funcionarios del recién creado Órgano de Administración de Justicia (OAJ) están exigiendo un pago de 20 por ciento del contrato …
Extorsión en la licitación pública: empresas denuncian presiones ilícitas desde el PJF y demandan justicia
En el corazón de la Ciudad de México, una oleada de preocupación y temor ha envuelto a los empresarios que han participado en licitaciones públicas. Los denunciantes, quienes prefieren mantener su identidad oculta, aseguran que funcionarios del recién creado Órgano de Administración de Justicia (OAJ) están exigiendo un pago de 20 por ciento del contrato asignado a cualquier empresa que gane una licitación pública. Esta práctica, según los afectados, es nada menos que un soborno velado.
Los empresarios denunciantes aseguran que si se niegan a “cooperar” con estas exigencias, los servidores públicos adscritos al OAJ amenazan con cancelar sus contratos. Esta situación ha creado un clima de miedo y desconfianza en el sector empresarial, donde muchos inversionistas no quieren arriesgarse a una denuncia jurisdiccional para evitar que les quiten los convenios que ganaron de forma legal.
La preocupación es tan fuerte que varios empresarios han decidido no exponerse al riesgo de perder sus contratos y han elegido mantenerse en silencio, lo que ha generado un ambiente de incertidumbre y temor en el sector. La denuncia de los afectados sugiere que la presión ejercida por los funcionarios del OAJ puede ser tan intensa que incluso ha llevado a algunos empresarios a considerar abandonar sus proyectos y convenios, lo que tendría un impacto negativo en la economía local.
Es importante destacar que la situación actual es alarmante, ya que se está poniendo en riesgo el sistema de licitaciones públicas, que fue creado para garantizar la transparencia y la equidad en las contrataciones gubernamentales. La denuncia de los empresarios afectados sugiere que algunos funcionarios del OAJ están utilizando su poder para obtener beneficios personales a costa de la integridad del sistema.
La situación también plantea preguntas importantes sobre la responsabilidad y la ética en el ejercicio del poder público. ¿Cómo pueden funcionarios del OAJ exigir pagos extraños y amenazar con cancelar contratos a empresas que han ganado licitaciones públicas de forma legal? ¿Qué está sucediendo detrás de escena para que estos funcionarios crean que tienen el derecho de exigir estas prácticas?
La situación requiere una respuesta urgente y contundente por parte del gobierno y las instituciones encargadas de supervisar la justicia. Es importante que se investiguen las denuncias y se tomaran medidas para garantizar que los funcionarios del OAJ estén cumpliendo con sus responsabilidades y no estén utilizando su poder para obtener beneficios personales.
En última instancia, la situación actual es un recordatorio de la importancia de mantener la transparencia y la integridad en el ejercicio del poder público. La denuncia de los empresarios afectados sugiere que algo va mal y que se necesita una respuesta rápida y efectiva para restaurar la confianza en el sistema de licitaciones públicas y en las instituciones que lo supervisan.
